martes, 11 de octubre de 2016

Reflexiones sobre Hegemonía y Emancipación. Por Lelio Valdez


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 La política en el lugar equivocado

Es curioso cuánto el concepto gramsciano de hegemonía se ha extendido por la cultura política en Latinoamérica. De hecho, se ha vuelto tan importante, que es usado por los más diversos pensadores, en un espectro que va desde los medios académicos, o los sectores dirigentes de las instituciones estatales para elaborar sus planes estratégicos, hasta, específicamente, los partidos políticos, tanto de la derecha como de la izquierda, en diversas variantes ideológicas.
¿Por qué Gramsci sirve a griegos y a troyanos? Suele ocurrir con los pensadores revolucionarios que políticas e intereses diversos y hasta opuestos, se justifiquen usando sus conceptos o invocando su autoridad. Diversamente, aquí será propuesta una reflexión crítica y puntual, sobre algunas derivaciones y usos de la teoría de la hegemonía cuando es enunciada como guía para una política emancipadora y anticapitalista, en nuestro medio. O sea, una discusión sobre política y no una sobre la interpretación de las ideas de Gramsci.


Por “hegemonía”, entonces, aquí se refiere “a la noción… de que el Estado mantiene su dominación (que corresponde a la élite social y económica) por medio del consenso de los dominados. Allí donde no se logra el consenso, sugiere esta teoría, el Estado recure a la coerción” (Beasley-Murray/ 2010). La operación hegemónica no se limita a la aceptación formal de las instituciones del Estado-Nación (a una Constitución, por ejemplo), sino que se sostiene al expandirse más allá de ellas, difundiendo los criterios de su moralidad hacia toda la sociedad. De tal forma, que los valores vitales para la reproducción del capital se expresan como un “sentido común”, o como el único camino posible, que justifica entonces las funciones de las instituciones del estado y también las de la sociedad civil organizada en instituciones no-estatales.
El juego institucional es fundamental para que una clase minoritaria consiga constituir, fijar, reproducir, inculcar y expandir su moral.
La lógica capitalista se “filtra” hacia la sociedad civil y sus instituciones de un modo que, con sus matices, en ellas también se expresa la identificación o la aceptación, por los subalternos, de “verdades universales” fundamentales, tales como la legitimidad institucional del Estado y su derivación por analogía: la naturalización del dominio y la incorporación de sus valores, bajo la forma sutil de una “lógica de entendimiento”.
En teoría política se habla de poder constituido (instituciones) cuando el poder constituyente le es “retirado” al pueblo y se vuelve trascendente a través de un sistema de instituciones. Hay hegemonía cuando las instituciones (y por derivación, el Estado) aparecen como las enunciadoras del poder, organizando los hábitos cotidianos. Pero el poder no tiene origen, ni reside en las instituciones. Más bien, es la institucionalidad la que deriva del poder, que por su medio lo sostiene y lo reproduce. Cada época tiene su sentido político-institucional.
De un modo general, la teoría de la hegemonía ofrece un abordaje satisfactorio para explicar el dominio que surgió en la Modernidad, como sistema político ordenado a partir del estado burgués, en sus variadas formas. Es especialmente eficaz para discernir el dominio de las relaciones capitalistas a través de las formas democrático-burguesas del estado-nación, así como para visualizar el “sentido común” que inculcan las instituciones para sostener el dominio del capital. La hegemonía del capital naturaliza y torna “lógica” la subordinación del trabajo asalariado, la necesidad del estado nacional y de su soberanía (la de un sistema legal, no la/ del pueblo), la gestión de ese estado por especialistas de carrera o por representantes profesionales, una historia mítica para el nacimiento del Estado- la Nación-, el patrioterismo que alimenta un adentro y un afuera de la comunidad política, el consumismo como valor y parámetro de ciudadanía, el dinero o la idea de “desarrollo”, por ejemplo, que son algunos de los fundamentos que sostienen a la Argentina o al Brasil capitalistas, compartidos y diseminados por las instituciones de la sociedad, y que son más o menos incorporados por los individuos. El pensamiento político admite con tranquilidad que se trata de una teoría del Estado, una teoría del dominio político, o sea, para la aceptación del status quo.
Pero el progresismo y también la izquierda latinoamericanos han asimilado en larga escala, y a su manera, las categorías de la teoría de la hegemonía como herramientas teóricas para guiar su acción para un deseado cambio social.
De tal forma que, usando el mismo sentido común, y de forma análoga, postulan que los trabajadores y los sectores populares deben construir “contra hegemonía” (o simplemente “hegemonía”). Se la propone como una salida coherente, justamente porque sería una hegemonía antagónica, una lógica “opuesta al dominio” del capital. Igual que aquella, también sería capaz de “filtrarse” desde las instituciones de la sociedad civil (de nuevo tipo, populares), hacia las instituciones estatales, logrando así, el “dominio de los subalternos” por la expansión del consenso de la mayoría, en una democracia radical.
El error contra hegemónico
Este modo de pensar es más corriente de lo que pueda suponerse y se ha popularizado, casi como una marca de época, sobre todo, en esta fase de “gobiernos democráticos” posteriores al período de las Dictaduras en nuestro continente. Pero esa manera de pensar a la política anti sistema, debe ser puesta en cuestión como guía para un proyecto de emancipación, porque hace agua sobre tres grandes temas, a saber:
1) La propuesta de “construcción de hegemonía” se ha mostrado históricamente inadecuada para dirigir el período de transición hacia una sociedad no capitalista, y sostenerla implica pasar por alto una reflexión sobre el papel del estado en las experiencias revolucionarias del siglo XX.
2) Los impases de la teoría de la hegemonía (o contra hegemonía) para orientar a una política emancipadora en el presente, que se pueden enunciar como los límites, el alcance o, aún, sobre la posibilidad de una acción anti sistémica dentro de la institucionalidad. El resultado de esa orientación ha mostrado un histórico fracaso. Ella tiene una serie de derivaciones prácticas que han sido tradicionalmente debatidas por la izquierda, aunque hoy parezcan estar olvidadas.
3) Una tercera crítica se deriva de la manera en que los puntos de partida hegemónicos (las condiciones para el funcionamiento capitalista y la referencia al estado-nación, por ejemplo) se filtran hacia la definición y delimitación de lo que es el campo válido de la política. Con prescripciones sutiles -de “sentido común” -, los valores culturales de la política institucional consiguen obturar a la acción política radical, haciendo, por ejemplo, que fuera de los programas “revolucionarios” y de los partidos, a la rebelión y a la autonomía se las vea sólo como desorden y caos.

Tema 1: La hegemonía para el período de transición
Construir contra hegemonía parece una buena idea de la izquierda, porque se la piensa como una hegemonía “al revés”, o sea, una hegemonía de los de abajo, la de una clase no capitalista, o la de una sociedad en transición. Pero es un juego de palabras que esconde sutilezas. Para cualquier diccionario, hegemonía significa dirección, jefatura; supremacía que un Estado ejerce sobre otros, o aún, supremacía de cualquier tipo.
De modo que “contra hegemonía” no es antónimo de hegemonía, como pudiera parecer, ni enuncia una postura contra la supremacía. Sino que es la substitución de una supremacía destructiva e inconveniente (la del capital) por otra, digamos, conveniente.
Pues bien, el problema de los usos de Gramsci, es que se han introducido neologismos en la jerga de la izquierda vernácula, con los que es posible hablar con naturalidad de dominio y de supremacía de una manera obvia en el presente, pero que omiten reconocer algún problema a la institucionalidad del Estado “revolucionario”, o del entramado institucional que debería ejercer la contra hegemonía.
Buscando tomar distancia de las experiencias del “socialismo real” del siglo XX, se suele decir que a la contra hegemonía hay que entenderla como una lucha por la construcción de consenso entre y a través de los subalternos. Que se trata de un proyecto superior y preferible a la experiencia bolchevique, esencialmente por sus instituciones de nuevo tipo - las instituciones de la sociedad civil -, que sustentarán el dominio de una democracia radical. Pero es inconsecuente que se hable de institucionalidad, y se omita hablar de “Estado” para el período de transición revolucionario.
Lamentablemente, con esa terminología se ha descartado por la borda todo el esfuerzo que el pensamiento crítico ha tratado de hacer (y debe seguir haciendo) para repensar la revolución social como salida y comprender mejor el papel del Estado en ella. La historia del colapso de la URSS, que es la del fracaso de la experiencia socialista dirigida por una forma específica que adoptó el estado, impone ese esfuerzo. Las cosas no salieron como esperado: desde el estado se procesó la restauración de un capitalismo de segunda categoría, organizado por los funcionarios estatales, devenidos ahora grandes empresarios y/o mafiosos. Hay que reconocer que, atrás de la continuidad institucional, China es una potencia capitalista industrial en ascensión, bajo la orientación de las dinastías y familias del Partido Comunista Chino, junto a capitales multinacionales.
Si contra hegemonía implica algún tipo de Estado y algún dominio, es pertinente la pregunta sobre quién, específicamente, ejercerá tal dominación. La respuesta más común, según la concepción clásica de la izquierda, es que se tratará del dominio de la clase obrera y del pueblo, o, según las versiones más “gramscianas” (ambas populares y difundidas en Latinoamérica), del dominio de una diversidad social, de lo subalterno, articulado en un entramado de instituciones de “nuevo signo” que sea capaz de expresar la radicalización de una “democracia popular”. En otras palabras, se trata de un poder popular, cuya cara será la de la clase o alianza de clases y sectores sociales en nombre de las que se ejerza la contra hegemonía (o la hegemonía), o sea, un dominio diferente, no capitalista. Siguiendo los usos de lenguaje, y empalmando con la tradición de una jerga populista, de lo que se trata es de establecer el dominio de las mayorías o del “pueblo”. La prescripción es simple: al mal dominio de hoy se le puede oponer el “buen” dominio de mañana. Quizá sea, solamente, una cuestión de intención y de programa…
Sería coherente admitir que la contra hegemonía es una propuesta para un estado, digamos, subalterno, tal como lo han sido, también, por lo menos por algún período, las experiencias de la URSS, o China o Cuba, etc. En ese caso, y a esta altura, es necesario responder al interrogante de si es posible ir rumbo a una sociedad sin explotación de la mano del estado. Ya no es lícito omitirse de una reflexión sobre este asunto.
La idea de contra hegemonía, estructurada en y a través de las instituciones, para el período de transición, da por resuelto – de forma liviana - un problema clave: la reflexión crítica sobre las experiencias revolucionarias del siglo XX y los problemas que han envuelto al Estado en el desarrollo histórico de la revolución social. La reflexión es abandonada de hecho, configurando una falencia y un punto obscuro y no resuelto del pensamiento emancipador.
¿O le ha sido posible al estado en Venezuela, por ejemplo, iniciar o guiar la transición a una sociedad no capitalista? ¿Qué problemas se han presentado para la transición, desde el estado, en esas experiencias?
Desde los usos de la teoría de la contra hegemonía se fuerza la conclusión, sin apoyo en experiencias reales, de que la forma del dominio histórica de la burguesía para su estado y a través de él, la hegemonía, debe ser, o seguramente es, el modo adecuado para constituir el gobierno de una comunidad política que funcione sin el capital. Esta homologación de un “sistema de dominación eficiente” para una sociedad capitalista con aquel necesario para la transición hacia una sociedad no capitalista, parece, sin duda, una inferencia contrabandeada desde el dominio del capital. No es obra de Gramsci (que pensó a Italia), sino de la producción autóctona de los intelectuales de nuestro continente. Ante la pregunta sobre si es posible que la misma lógica de dominio pueda dar resultados opuestos, o sea, el no-dominio, o ir hacia el fin de la opresión, la respuesta histórica es negativa. Como ya se ha dicho, tal homologación es inferida subrepticiamente, aunque en forma certera, desde la misma lógica o padrón moral en que se sustenta la fuerza del pensamiento hegemónico del estado del capital, y no desde el pensamiento emancipador apoyado en los actos rebeldes de las clases populares.
Aunque la guía de la contra hegemonía sugiera esa idea, no se tendrá suerte en encontrar experiencias históricas que se hayan apoyado en la dominación de las “clases populares” o en un “poder popular” organizado a partir del estado, y que hayan podido consolidar el camino hacia un cambio de estructuras económicas y sociales y que además consiguieran disolver antiguas o nuevas relaciones de dominación.
Seguramente, la idea de un Ordine Nuovo que postulaba Gramsci, no se puede expresar con una fórmula simple, tal como contra hegemonía. Quizá sea posible pensarlo, por ejemplo - es una de las posibilidades -, como un orden no cristalizado, como un continuo desorden (“otro” orden) que subvierta los presupuestos morales del dominio del capital, en un movimiento continuo de los subalternos de no admitir y de estar alertas sobre la manifestación o la gestación de nuevas formas de dominación de unos sobre otros. Un “orden” que de alguna manera obture la construcción de consenso a través de instituciones profesionales y diferenciadas de la vida cotidiana.

Tema 2: La lógica circular.
La teoría de la hegemonía, una teoría que explica el dominio del capital, cuando es asumida como guía para los movimientos o proyectos de emancipación de los subalternos, trae muchas confusiones y ninguna ventaja.
Se sugiere intervenir en el campo de “la política”, para conquistar en él un “territorio” antagónico y, entonces, ejercer allí contra hegemonía. La lucha política es planteada como disputa por la hegemonía, una tarea ardua, en la que se van conquistando espacios. Para tal lucha suena realista el concepto de “guerra de posiciones” y no el de una guerra frontal y abierta o “de movimiento”.
¿Pero qué es el campo de la política según esta idea? Es el espacio de disputa de los lugares en los que se tiene la convicción de que se deciden los destinos de la gente común, donde reside el poder, el lugar de donde se decide y, finalmente sale el orden, el lugar que el pueblo común mira expectante.
En otras palabras, son las ideologías y las instituciones, tanto las formales del estado, como las de la sociedad civil, así como también el juego que se plantea entre ellas. Para la disputa se propone una guerra especial, una especie de guerrilla, en la que es necesario profesionalismo y dedicación constante. Los partidos políticos, con sus cuadros e intelectuales profesionales de la política, aparecen como la institución más adecuada, como la más alta expresión del comando especializado para llevar a la gente común a la disputa por la contra hegemonía. Y desde ellos se afirma, seriamente, que hacerlo es tener “vocación de poder”. Aparentemente de otro poder, uno opuesto.
Pero el poder está sólo en parte en las instituciones, “habla” a través de ellas. En realidad, el poder está más allá, las trasciende. Por eso sería más lúcido o, por lo menos más prudente, considerar que, lo que comúnmente entendemos como la “política” - y esto vale para la “cultura” o la “ideología” -, son modos de realidad y de comprensión de campos que, en su concepción y alcance, ya han sido enunciados, justamente, por la lógica hegemónica. Su vigencia es tan lógica que estructura los campos, dándoles coherencia y fuerza, “creando” la realidad que define a lo político (lo que es estar dentro o fuera de la política), o la cultura, o etc.
La guerra de posiciones para la disputa, obliga a participar del juego. Implica reconocer, aunque se suela negar o se lo considere un costo inevitable, que al menos hay un espacio común, de reglas compartidas, entre los contendientes. La disputa necesita usar y difundir el mismo lenguaje - el que define a “la política”, por ejemplo -, de tal modo que, aunque se profese una posición de clase antagónica, ésta queda diluida al propagar y compartir la misma lógica de entendimiento. La disputa dentro de una institución (civil o estatal), tiene el efecto inevitable de reforzar la hegemonía. Justamente porque, a pesar de enfrentarse con proyectos diferentes u opuestos en dicho campo, ambos contendientes validan su función sistémica esencial.
En ese momento, el juego mismo se ha convertido en una institución, porque no ha sido puesta en cuestión la legitimidad moral que encarna la específica función institucional, ni su relación con las otras instituciones. La moral hegemónica es un orden supra institucional.
Justamente porque se trata de otra forma de dominio, la paradoja de la contra hegemonía es que, para llevar adelante la disputa, prescribe herramientas políticas del mismo tipo con las que se sostiene el dominio hegemónico. Para “hacer política” se vuelve “necesario” entonces, entre otras cosas, tener proyectos o programas para la disputa de las instituciones actuales, las del presente (referenciados en la nación, en el sindicato, etc.) - no las de un futuro contra hegemónico -, partidos (de diversos tipos, legales o hasta guerrilleros), políticos profesionales, una élite de intelectuales y de especialistas, una buena cuota de publicidad y mucha divulgación, instituciones de financiación, etc.
Lo trágico es que, al tomar este camino, se secundariza, o simplemente se abandonan las fisuras en las que las relaciones capitalistas son realmente puestas en cuestión, tal como aparecen, en situación. La lógica que sostiene la disputa, reproduce a la “matrix”, pero justificándose como lucha.
En la Argentina posterior a la crisis del 2001, la gran tarea hegemónica era reconducir a la sociedad desde el desprestigio que alcanzó la democracia representativa y desde los diversos experimentos de otras formas y territorios de sociabilidad, hacia el orden legitimado por el estado. La construcción de contra hegemonía fue, por entonces, la bandera propuesta por el kirchnerismo a la juventud. ¿Cómo? Volviendo hacia la política, haciéndose militante del “Proyecto” (estrechamente vinculado al estado), interviniendo con dedicación profesional, agrupándose atrás de la mística de “líderes”, supuestos representantes de una generación redentora de la soberanía del estado-nación, militantes de la democracia institucional y del desarrollo, apoyados en la tradición resignificada del viejo Movimiento Nacional, para, por fin…volver a las instituciones de la vieja República Argentina, al estado. La consecuencia de esa disputa, tal como fue planteada desde el gobierno, fue lógica: aceptar ganar, pero también perder, en el juego de las elecciones, para un capitalista sin medias tintas, apenas más eficiente en el uso de “herramientas políticas” tales como... la publicidad.
La disputa hegemónica tiene una lógica circular, en la que el pensamiento emancipador entra desorientado, o quizá derrotado de antemano. Como la del perro que persigue a su cola: da vueltas, sin comprender que lo que va a conseguir (silo hace) es morderse a sí mismo. La “política” se vuelve un juego inofensivo para el dominio, porque el sentido profundo de aquello que se disputa no es cuestionado, sino que ya está dado. Es el mismo, está impuesto hegemónicamente.
La lucha “sindical”
Hay un campo de actuación para la “contra hegemonía”, que puede resultar esclarecedor: el de la lucha “sindical. Por lo menos tal como es habitual para la izquierda (la tradicional y la nueva) de Argentina o Brasil, disputa que se presenta como legítima, pues concierne al mundo del trabajador.
Los trabajadores son convocados a sacarse a los dirigentes pro patronales de los sindicatos, para poner en su lugar a otra dirección (luchadora y anti burocrática, “representativa” o “democrática”), a otros dirigentes para mejor conducir… a una institución que, según el pensamiento establecido, tiene la función de representar (y con exclusividad), los intereses de “todos” los trabajadores.
Atrás de esa idea, en la que en un primer momento resalta la confrontación, la moral capitalista persiste, filtrándose hacia los trabajadores en dos sentidos. Un primero se refiere a lo que debe ser representado que, establecido en el marco del Derecho capitalista, no puede cuestionar la subordinación del trabajador. Un segundo sentido es el institucional, que acepta como lógica la delegación de los intereses del trabajador en una institución profesional. El que establece que un sindicato es la asociación legal de los representantes profesionales de aquellos que siguen trabajando, subordinados y disciplinados (valor necesario al funcionamiento del capital), mientras que delegan sus intereses en forma permanente en una entidad jurídica, que debe estar en el lugar de sus representados.
Es angustioso ver el desperdicio de energía que se pone en una disputa que, siguiendo reglas impuestas, refuerza la lógica de la representación y acaba apartándose de la exploración de otras posibilidades de asociación y de acumulación de fuerzas, por ejemplo, la de agruparse por lugar de trabajo voluntariamente para luchar. Al prevalecer la lógica de los presupuestos institucionales, cualquier otra lógica rebelde termina obturada de hecho, aun cuando esos nuevos dirigentes del sindicato (honesta y abnegadamente) apelen, ideológicamente, a la insurrección permanente de las bases, o aún incluso, cuando hagan campañas contra la disciplina del trabajo.
La mirada estará puesta en la “política sindical”, centrada en que el sindicato (la institución) represente bien a todos, en conquistar la simpatía de las bases y en consolidarse como los mejores representantes, en legitimar su hegemonía en elecciones y, secundariamente, en favorecer y alentar la indisciplina en situación de trabajo. Es probable que los trabajadores más rebeldes y lúcidos sean contactados y postulados para ser parte del grupo de representantes profesionales, quizá retirándolos de la situación de trabajo.
 En el mejor de los casos, los dirigentes podrán afirmar que ese sindicato (digamos, esos dirigentes) quiere expresar (representar) la rebeldía y la indisciplina que surge en el ambiente de trabajo. Pero la fuerza obrera, que proviene de que es indisciplina y desorden en situación y en acto, no puede ser guardada, retirada del ambiente disciplinario del trabajo asalariado y entregada como una cosa a otro (representada por alguien en otra instancia).
Pensar y propagar que lo central sea la disputa por la conducción de las instituciones sindicales es políticamente peligroso para la autoactividad de los trabajadores. Atrás de esa idea “política”, se consolida la moral hegemónica, que por ella se ha filtrado, desviando la difícil actividad de los trabajadores contra su condición de subalternos para una lucha por una institución de representantes profesionales o por una conducción de aspirantes a tal.
Si los trabajadores consiguen mancomunarse para sostener la rebeldía organizada y tal movimiento crece por atrás y más allá de la legalidad sindical, o sea, si toma cuerpo una lógica instituyente, la organización por lugar de trabajo y el uso de fisuras legales que den cauce a la indisciplina (aquello que desde la hegemonía es visto como el desorden) inmediatamente, desde el juego institucional, se explicará esa situación como algo fuera de lo lógico y lo aceptable. Desde la izquierda contra hegemónica (permítase usar ese término), se verá un momento crucial para “disputar el espacio”, y entonces se le propondrá a algunos trabajadores formar una lista para la conducción del sindicato.
 Desde la patronal, o algún partido, o desde la burocracia sindical, comenzará la confrontación. Primero, buscando la cooptación o la asimilación de algunos individuos referentes. Si eso no es posible, desde alguna otra institución (el Ministerio de Trabajo, por ejemplo) se tratará de intervenir el sindicato y destituir a los representantes indóciles, o se le puede quitar o suprimir la legalidad de la entidad. O hasta se puede eliminar a los trabajadores rebeldes (no faltan ejemplos de instituciones para ese propósito en la Argentina). Luchar organizado en situación y sostenerse es pocas veces valorizado correctamente y, aunque parezca pequeña, se trata de una difícil construcción de poder instituyente. Ya disputar un lugar de representación profesional, en el lugar de otros/“todos”, es otra cosa. Son tareas contrapuestas, aunque las divida una delgada línea, que la cultura política disimula. La indisciplina laboral es no hegemonía y por eso no encuentra ningún camino en el juego institucional. La organización de la rebeldía por lugar de trabajo deberá hallar un cauce propio.
Debiera ser obvio que la lucha por la emancipación, o sea, contra el capital (y no solamente en los ámbitos de trabajo), no es posible con la misma lógica del dominio. Es lógico: no es el mismo juego. Pero para la lógica de la disputa, lo obvio pasa desapercibido.
El juego electoral
En la lucha política tal como se la entiende desde la hegemonía, esto tiene derivaciones ideológicas que suelen pasar desapercibidas. Una de ellas es la de delimitar campos políticos institucionales (en general Izquierda vs. Derecha), noción que refuerza la idea hegemónica, de que el poder está en las instituciones gubernamentales y que perderlas o ganarlas (en una elección, por ejemplo), es determinante para la correlación de fuerzas en amplios ámbitos de la vida social.
A título de ejemplo, esta es la conclusión que saca el campo progresista en Argentina, después de la elección de Macri. Ella oculta la complejidad que constituye al dominio ideológico. La correlación de fuerzas no cambió a partir del acto electoral, sino que lo hizo hace tiempo, a comenzar por todo el trabajo de “vuelta” hacia el estado, con la disolución de la autonomía de los muchos movimientos sociales que surgieron como alternativa a la crisis del dominio del capital durante el 2001. De muchas maneras, desde el estado se trabajó para desarmar al pueblo en aras de la recomposición hegemónica. Todo el arco político-ideológico llamó al juego electoral, en el que parecía definirse todo y en el que soñaron consagrarse algunos. Luego de consumado el desarme, el resultado electoral ha dado la impresión de derrota “política”.
El movimiento de lucha institucional también oculta que los políticos profesionales y los altos funcionarios estatales, aunque parezca que son dueños del poder porque están en el estado, solamente lo ejercen, o sea, oculta que hacen lo que se decide en cenáculos de negocios capitalistas ignotos del pueblo. Los políticos y sus instituciones apenas consiguen representar – y mal - un grotesco espectáculo de soberanía del estado.
Por ejemplo, en Brasil este juego ha quedado desnudo después de la divulgación de las conversaciones entre políticos destacados, que por su vez son autoridades institucionales de los tres poderes del estado. Han revelado que el golpe institucional/legal que separó a Dilma Roussef, se trata de una operación de larga escala destinada a encuadrar a cualquier funcionario (hasta un Presidente, si es necesario) en las severas normas presupuestarias dictadas por los grandes bancos[1]. Pero, sobre todo, y a los efectos de lo que nos interesa, han dejado claro que entre los “dirigentes” políticos del estado (de los diversos partidos políticos), no hay ningún compromiso con supuestos idearios de “derecha” o de “izquierda”. La élite política de Brasilia se asemeja, en mucho, a la vieja Corte Imperial, en la que los partidos políticos legales funcionan como grupos masónico/burocráticos en constante negociación por puestos en la administración del estado (con los que se pueden percibir jugosas comisiones). Esta “Corte” sostiene el espectáculo de que el poder está – o reside - dentro del juego institucional.

Tema 3: ¿Un Programa radical para las instituciones hegemónicas?
En las revoluciones que envolvieron a movimientos de masas populares o en las rebeliones de las que resultó un cambio institucional, es posible observar que la forma de la “comunidad política” que emergió de ellas, no tuvo lazos de continuidad con la forma anterior. Otras instituciones con formas nuevas surgieron, en algunos pocos casos, como resultado de proyectos buscados y en la mayoría, tomaron la forma “posible”, según el resultado de las condiciones históricas.
Adolfo Gilly observó, por ejemplo, que las revoluciones mexicanas (la de la Independencia y la del Siglo XX) nacieron de rebeliones asentadas en lo más profundo del pueblo, aunque los proyectos institucionales en disputa y los que se establecieron, fueron el resultado de la elaboración de las élites intelectuales. Lo decía con un juego de palabras: las rebeliones nacen de la tradición profunda y diversa del pueblo, como un gran “No”, mientras que el resultado de ellas, las revoluciones (la institucionalidad), al contrario, provienen de la afirmación de proyectos de las élites intelectuales.
Un ejemplo cercano: remedando el modelo hegemónico instituido por los Borbones, la clase de los comerciantes porteños tuvo, como proyecto inicial, la Independencia de todo el Virreinato del Rio de la Plata. Con ese norte, todo regionalismo fue visto como anarquía. Desatado el proceso, el objetivo tuvo que ser revisado en varias oportunidades y el resultado “final” (la República Argentina) no es nada cercano, ni geográfica ni étnicamente, al proyecto original. Nadie se sorprende al constatar que es improbable que un programa se imponga a lo largo del tiempo tal como fue concebido.
Pero suele pasar por alto que la estructura programática de una política “radical”, si presupone otro funcionamiento para las instituciones vigentes, esconde una limitación de origen en su papel disruptivo, al proponer como tareas para un futuro próximo (programa) la intervención en el sistema institucional… que sostiene la hegemonía.
El postulado de revolucionar el mundo, puede estar en conflicto con una política montada en torno a un Programa si, en lugar de estar abiertos a las rupturas reales, se prescriben condiciones sine qua non. Entre ellas, una muy arraigada es la que pone como base de un proyecto social, a la continuidad del estado nacional (de la República Argentina o del enorme Brasil). Esto supone obturar de antemano cualquier camino de salida diverso, y probablemente necesario, para hacer posible el cambio social, o la autonomía de los pueblos originarios, o la Reforma Agraria o la lucha antiimperialista, etc.
El estado-nación posee mucho “sentido común” y quizá sea por esa razón que buena parte del “progresismo” y de la izquierda asumen naturalmente el mandato de tener un “discurso nacional”: suponen que en el fondo es el único terreno posible donde se debe plantear la verdadera disputa de poder. Un resultado curioso y poco cuestionado, es que los discursos políticos, al ser pensados como disputa, tienen como “mandato de seriedad” el de ser emitidos, por regla, desde la capital política del estado nacional (Buenos Aires, por ejemplo). Suelen tener un tono admonitorio, no porque sean “porteños”, sino porque aspiran a “bajar línea” de una política referenciada en la estructura hegemónica (la República) que pugna por preservarse, coherentemente, desde su Capital. Se llega a teorizar que se hace necesaria la continuidad institucional para llevar adelante “otro” proyecto... para la Nación. La idea de Nación debiera estar abierta a una continua revisión crítica, y no simplemente montar los programas políticos en torno de ella.
Aunque pueda sonar incierto, es más realista admitir que no se puede asegurar que una revolución social será “nacional”, entre otras cosas, porque no se sabe si se levantará toda la Nación, así como si será posible, el proyecto de mantener en la misma estructura política y territorial a sociedades urbanas industriales, junto a las sociedades de los pueblos originarios. Tampoco se piensa sobre el tipo de relaciones y grado de autonomía que pueden reivindicar para sí los rebelados. O si el proyecto de una Patria Grande (que puede no ser más que un slogan) será viable, o en qué tiempos, ni siquiera si será un proyecto posible de consensuar entre las “naciones”. La referencia a la Nación (una construcción hegemónica) puede impedir pensar sobre esos y otros temas.
No se trata de apología del pensamiento escéptico, sino de reconocer que, si la acción política no hace parte de la práctica de sectores sociales contra el capital, o si no está insertada en algún lugar de ruptura, probablemente será “política” funcional para cerrar fisuras. Si se propone una acción política más allá (adelante o atrás, pero, en fin, afuera) de una situación de rebeldía colectiva real, sólo conseguirá repetir y reforzar las ideas ancladas por el poder y la institucionalidad hegemónica.
La política en el lugar equivocado
La hegemonía del capital se constituye sobre la base material de la vida social, y eso le permite crear su cultura y su ideología. Por eso parece coherente imaginar la disputa hegemónica como lucha política, cultural e ideológica. Pero en su superficialidad, la disputa no hace más que poner a la política revolucionaria en el lugar equivocado: dentro del juego, pero con el paradójico mandato de construir otro juego.
En primer lugar, la lucha política se concibe como una tarea de propaganda y de prédica ideológica y, quizá coherente con la tradición cristiana occidental, los militantes “políticos” toman el papel de misioneros de la palabra, los hombres/mujeres que saben cuál es el programa y la salida. Los arraigados conceptos de “vanguardia revolucionaria” y “retaguardia” (popular, de clase, etc.), alimentan la autopercepción del militante/partido sobre su función “heroica”. Hay quien se imagina superior: es el portador de la conciencia (la de clase, la nacional, la del Movimiento, etc.).
La participación en el juego electoral se enmarca en la disputa cultural. Participar en él se vuelve indispensable, pues es imperativo lograr visibilidad. En ese juego, eventualmente se puede promover personajes, divulgar siglas o difundir experiencias de colectivos rebeldes, pero no se podrá postular una lógica opuesta desde el espectáculo político que propone la hegemonía: todo será votar por un buen representante. Allí, el pensamiento rebelde es como el primo pobre de la “política lógica y seria”, y es muy probable que será practicado como afirmación sectaria.
Crear otra prensa u otros medios para disputar a la “opinión pública”, o aún crear espacios en los medios de comunicación hegemónicos, o en el sistema educativo, son algunas de las tareas que se proponen para la disputa en la dimensión ideológica. Otra cultura es posible sí, pero sólo en las fisuras del sistema. La rebelión no se conseguirá con una campaña publicitaria, ni se hará en el sistema educativo.
La emancipación es posible desde otra lógica y desde otros parámetros, que hoy solo existen como virtualidad o como fisuras en el dominio. Se trata de construir espacios para la contestación, en un hacer diverso al del capital, de ruptura con el poder. De cultivar las condiciones para que la rebeldía aparezca como acto colectivo. Tales fisuras se pueden iniciar y consolidar, solamente, desde, y en, los lugares donde los subalternos cuestionan de hecho las relaciones capitalistas. Esa es la conclusión de una historia crítica.
Así lo hicieron los trabajadores fabriles argentinos de los años ’70, así también los operarios brasileños en los ’80 con su movimiento de Oposiciones Sindicales, así también desde los piqueteros, empresas recuperadas, clubes de trueque y asambleas barriales en el 2001.
El lugar de la acción política capaz de quebrar a la hegemonía no es el mismo de la política propuesta por el orden hegemónico. Si el lugar es otro, de alguna manera, un “no lugar”, porque debe ser creado, entonces una política de emancipación no se puede desenvolver dentro de las instituciones, sean las del estado o las de la sociedad civil, filtradas por la moral del capital.
La dimensión simbólica de la política
Por fin, es posible hacer una crítica importante a la visión que ha sido expuesta hasta aquí, argumentando que la lucha política tiene una dimensión simbólica, y que, por lo tanto, la disputa por los significados es necesaria en el combate contra la hegemonía. Que sería necesario disputar, por ejemplo, la idea de clase obrera, o la de Nación, o la de sindicato, o la de Movimiento y etcéteras, para otros significados compatibles con lo subalterno. De tener utopías.
Pues bien, este cuestionamiento usa el mismo razonamiento que propone disputar los espacios políticos institucionales: a partir de un marco de significación, conseguir un significado opuesto. Corresponde entonces, reafirmar el argumento: La lucha contra la hegemonía del capital es una lucha contra el marco moral significante (contra el capital), o sea, por otra manera de simbolizar. Es la lucha para abrir las fisuras donde se ponen en entredicho a las relaciones capitalistas. No es un proceso prescripto, sino uno que pueda dar lugar legítimo a muchos símbolos.
La dimensión simbólica que tiene cualquier acción rebelde se corresponde con la subversión del marco significante, con la posibilidad que se abre de enunciar desde otro lugar y desde otras voces. No de disputar, sino de crear otra acción significante, prácticas autónomas, explorar la abertura de otro lenguaje.
En un trabajo anterior, esta misma conclusión, derivada de la experiencia de una parte de la historia argentina, era enunciada de esta manera:
“La radicalidad obrera y popular no se consolidó – ni en los setenta, ni en los noventa ni hoy - disputando los mismos espacios en los que encontró sentido la moral hegemónica republicana, sino construyendo espacios de indisciplina otros, diversos y opuestos a ella. El proyecto de disputar el espacio institucional, uno que está moldeado en el sentido de disimular o atenuar la dominación y forzarlo a tomar un “sentido contrario” a ella (darle otro, opuesto) suele ser como un trabajo de Sísifo: inconcluso, repetido y frustrado, en el mejor de los casos. Se puede argumentar sobre la necesidad o la posibilidad de hacerlo, pero tenemos derecho a pedirle a tal argumento, por lo menos, algunos ejemplos exitosos en la historia. Aquí hemos estudiado la rebeldía fabril que, mal llamada “sindical”, tuvo cauce y tomó su forma fuera de los espacios institucionales o al margen de ellos.
Creemos que un debate sobre este tema es crucial para cualquier movimiento de emancipación subalterno, porque nos parece que está en la raíz de muchas polémicas, muy actuales, muy vigentes. Insistimos en que es preciso pensar a contrapelo, y aspiramos a que este ensayo sobre nuestra historia haya contribuido a un punto de vista diverso, de utilidad para el pensamiento crítico que generan las experiencias de rebeldía al capital.” (Extracto de Atrás de la Neblina/2015)

Rosario/Porto Alegre, setiembre de 2016

Lelio Valdez





[1] Se trata de disposiciones de rango Constitucional que, con orden imperativa y prioritaria, separan de la previsión de la recaudación impositiva nacional, la parte necesaria para el pago de intereses de los bonos públicos, sin observar las necesidades de un presupuesto nacional mínimamente soberano.

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