Como
nuestro título lo indica el propósito del siguiente escrito es reflexionar
acerca de la cuestión del indio y el problema agrario en el contexto de la
Revolución Boliviana de 1952 vistas desde la perspectiva mariteguiana y el
concepto de formación social abigarrada.
Para
nuestro objetivo haremos una breve reconstrucción del proceso histórico en
relación al periodo revolucionario como así también realizaremos una
caracterización de la estructura socioeconómica y política de Bolivia en dicho
contexto. A fin de dar cuenta de esto daremos una definición general del
concepto de formación social abigarrada de Zabaleta Mercado sin ahondar en
todas las cuestiones que se desprenden de esta rica y vasta herramienta
analítica. Para dicho propósito recurriremos a la ayuda que nos proporciona
Luis Tapia. A su vez abordaremos lo señalado por Mariátegui acerca de la
problemática del indio, el campesinado y la tierra para dar cuenta de cómo esto
puede servirnos para analizar también el contexto boliviano.
Comencemos
por el concepto de “formación social abigarrada”. Zabaleta distingue entre dos
tipos de temporalidad o de tiempo histórico: el tiempo histórico del modo de
producción capitalista y el tiempo estacional de la agricultura. Este último cubre
varios modos de producción, o sea, varios tipos de relaciones jurídicas de
propiedad, incluso de división social entre las personas. En la sociedad
boliviana persisten los patrones productivos tradicionales de las culturas
andinas y la forma de organización al estilo del ayllu con su sistema local de autoridades.
Debido a que las nuevas modalidades jurídicas de dominación, introducidas con
la colonia y luego con la República, no han transformado lo anterior y que esto
no ha sido substituido por otro tipo de tiempo histórico y de unidad política,
o por otro tipo de autoridades, se tiene lo que Zabaleta denominó un estado
aparente, un poder político jurídicamente soberano sobre un determinado
territorio, pero que no tiene una relación orgánica con aquellas poblaciones
sobre las que pretende gobernar. El estado aparente es cuando se tiene un poder
político como un proceso dislocado o que se ha dado de una manera dislocada
respecto de una buena parte de las poblaciones que existen dentro del
territorio sobre el que la estructura estatal pretende dominar. En este sentido
existen sistemas locales de autoridad que no forman parte de la estructura
descendente y descentralizada del gobierno nacional, sino que es un sistema
localmente articulado y trasmitido desde siglos. Este sistema persiste donde no
ha ocurrido un cambio del tiempo histórico, donde no se ha llegado al tiempo
histórico del modo de producción capitalista. En una sociedad como la
boliviana, donde el capitalismo se ha desarrollado débilmente, hay una falta de
articulación de los modos de producción y, sobre todo, de otras dimensiones de
la vida social, principalmente la dimensión política. El tipo de unidad
política que se pretende lograr a nivel de estado es aparente. (Tapia: 2002)
En
una formación social abigarrada no solo coexisten varias relaciones sociales y
jurídicas de producción, sino también una diversidad de formas políticas.
Existe un estado político pretendidamente nacional pero, además, un conjunto de
estructuras locales de autoridad (de diversa índole) que no son parte de la
representación local del gobierno nacional, ya que no son designadas por éste,
sino que son la forma endógena y más o menos ancestral de organización de la
vida social. Es en este sentido que el estado nacional se haya configurado, con
respecto a estas comunidades, con un alto grado de exterioridad y, por ende, de
imposición. Esto conlleva a que la estructura estatal tenga un menor grado de
validez, eficacia y legitimidad. En la medida que persisten los patrones
andinos de producción agrícola, el capitalismo no se ha desarrollado en todo el
territorio nacional. De esta forma, al existir todavía las comunidades que no
se rigen por los principios propios del capitalismo, se tiene un estado
aparente que tiene fuertes dificultados de legitimación y construcción de hegemonía
ya que no se han producido los procesos económico sociales que posibilitan la
validez real del estado. Dicha estructura estatal tiene serias complicaciones
en términos de organicidad: se trata de una unidad formal y de una unidad
política incompleta de la sociedad. Es una unidad que no puede ser completa a
nivel político-estatal porque no se ha producido una unificación en el plano
económico-social. La formación social abigarrada es un proceso de totalización incompleta
o parcial, una totalización orgánica incompleta. (Tapia: 2002)
Antes
de reconstruir el proceso histórico de la revolución boliviana para abordar la
cuestión del abigarramiento de la sociedad, veamos la perspectiva mariateguiana
en relación a la problemática agraria y la cuestión del indio.
En
relación a la realidad peruana, Mariátegui opina que son equivocados los
planteos humanitaristas y filantrópicos para abordar el problema del indio.
Señala la tendencia del criollo a reducir la cuestión a un problema exclusivamente
administrativo, pedagógico, ético o moral. En este sentido coloca en primer
plano el carácter económico del asunto concibiéndolo como un problema
económico-social. Mariátegui no se conforma con reivindicar el derecho del
indio a la educación, a la cultura, al progreso, etc., sino que comienza por
reivindicar su derecho a la tierra siendo esto una reivindicación sumamente
materialista. (Mariátegui: 1996)
En
Perú, según Mariátegui, la vieja clase terrateniente no ha perdido su
predominio y no ha habido, en cien años de república, una verdadera clase
burguesa, una verdadera clase capitalista. El desenvolvimiento de la pequeña
propiedad no ocurrió perviviendo un régimen de latifundistas que conllevó a la
supervivencia del latifundio. Aun más, la gran propiedad agraria se reforzó y
engrandeció en el periodo republicano. El pensador peruano señala que las
expresiones de feudalidad que persisten son el latifundio y la servidumbre. Es
en este sentido que la cuestión agraria en Perú aparece como un problema esencialmente
económico-social y, por lo tanto, como un problema político que no debe ser
reducido a una mera cuestión técnica perteneciente a los agrónomos. (Mariátegui:
1996)
A
su vez, Mariátegui señala el error de ver una solución en la tesis liberal,
propia de la ideología individualista que propone el fraccionamiento de los
latifundios para crear la pequeña propiedad siendo esto una formula ortodoxa,
constitucional, burguesa y capitalista. Asimismo, más allá de sus
posicionamientos ideológicos, señala otra razón para refutar este argumento, la
cual consiste en un aspecto peculiar del problema agrario peruano: la
supervivencia de la comunidad y de elementos de socialismo práctico en la
agricultura y la vida indígenas. (Mariátegui: 1996)
Los
aportes que una vez hiciera el gran pensador peruano para su país nos servirán
para analizar también la realidad boliviana en relación con nuestra
problemática. En este sentido Fernando Mires señala que en Bolivia se cumple la
misma apreciación que Mariátegui hizo para el Perú de que en éste las clases
sociales están racialmente constituidas. (Mires: 1988). De esto parte el autor
para hacer una caracterización de la sociedad boliviana en el contexto revolucionario.
Antes de la revolución…
En
el estrato más bajo de la sociedad se encontraban justamente los más genuinos
representantes de la nación, los indios; los cuales representaban cómodamente
más de la mitad de la población, según el censo de 1950. En la cúspide se hallaba
un minoritario grupo conformado por los grandes mineros, los latifundistas y la
abigarrada clase política. La economía giraba en torno a los enclaves mineros,
mientras en el resto del país predominaba la estructura agraria heredada del
periodo colonial. En el contexto revolucionario, el 72 % de la población
económicamente activa se encontraba ocupada en el sector agrario, mientras solo
el 27 % correspondía a la minería. La tierra estaba sumamente concentrada,
ya que los latifundistas, que vivían en las ciudades disfrutando de sus rentas,
constituían el 8 % de los dedicados a la explotación agrícola con el 95 %
de la superficie total. Esta estructura agraria latifundista se basaba en
distintos aspectos, como: la economía de trabajo basado en la prestación de
servicios personales gratuitos, en las tierras o en la casa de hacienda
(colonos, arrenderos, pongos, mitanios); la radicación tradicional de colonos
en sayanas o pegujales, fraccionados en parcelas y localizados en los
cinturones marginales de la hacienda (suelo explotado por el colono a través de
peones o hutahuanas); el trabajo gratuito del colono o arrendero en la
totalidad del año agrícola, durante cuatro o cinco días, y el aporte gratuito
de jornalero, animales de trabajo y aperos de labranza durante la siembra y
cosecha; el régimen estricto de contraprestaciones en especies de trabajo,
pastoreo de las tierras eriales, recolección de pajas o leña, etc.; la relación
exclusiva de la hacienda en la economía de mercado por medio de la
comercialización agrícola y pecuaria; el hermetismo cultural y político, ya que
durante la época republicana desaparecieron los métodos de fiscalización de la
colonia; la autoridad patriarcal y centralizada en el hacendado o en su
mayordomo o hilacatas. (Mires: 1988)
En
estos aspectos se observa claramente el abigarramiento de esta sociedad. Existe
una diversidad de relaciones sociales que es una de las características de la
formación social abigarrada. La cuestión de los servicios gratuitos, las
contraprestaciones, el paternalismo ilustran que no hay un mercado plenamente
desarrollado de mano de obra libre que posibilite las relaciones de tipo
asalariado, característica básica de las relaciones capitalistas. Como hemos señalado
anteriormente, los campesinos estaban sometidos al pongaje o servicio de pongos,
siendo su obligación concurrir periódicamente a la casa del hacendado para
desempeñar servicios domésticos en forma gratuita. Los pongos también se
encargaban del servicio de correos o del transporte de mercancías, muebles y
posesiones del patrón. (Hernández: 2013)
Esta
servidumbre es una de las expresiones de feudalidad de las cuales Mariátegui
daba cuenta en relación al Perú.
En
estos aspectos se observa como una gran diversidad de actores está por fuera de
la economía capitalista y por fuera de las relaciones asalariadas.
Como
afirmaba Mariátegui para su país de que allí no ha habido una verdadera clase
capitalista, una verdadera clase burguesa, esto también se cumple para Bolivia.
Sin abordar la cuestión de los enclaves mineros, el desarrollo industrial
boliviano en tiempos cercanos a la revolución era muy limitado: talleres
metalúrgicos, curtidurías, fábricas de muebles y calzado, con escaso grado de
concentración. (Hernández: 2013) A su vez una gran cantidad de tierra tanto en
las grandes propiedades como en las más chicas permanecía sin explotar.
Si
bien lo dicho anteriormente es el esquema general de la estructura agraria,
existía una multiplicidad de variaciones regionales que da cuenta de diversas
modalidades de producción y de múltiples actores sociales. Por ejemplo en los
llanos del Oriente, relativamente aislados del resto del país, las relaciones de
propiedad eran igualmente complejas debido a que aquí se agrega la propiedad
latifundista ganadera. El latifundista era la figura central y, a veces,
también un caudillo político. En esta región predominaba el latifundio ganadero
con relaciones asalariadas pero muy paternalistas. (Hernández: 2013) Volveremos
enseguida sobre esta cuestión del paternalismo y sobre el plano de relaciones
políticas en relación a la idea de abigarramiento.
A
pesar de las variaciones en la estructura agraria y social, se encuentra
siempre que la comunidad indígena fue dañada, reducida e incorporada al mercado
capitalista, incluyéndola como un pequeño satélite alrededor de las grandes
haciendas. La comunidad continuaba existiendo debido a que persistía la
relación de comunidades con la idea del ayllu. Al seguir con vida esta idea, los
pueblos nativos continuaban existiendo como tales, permaneciendo asimismo una
relación de comunidad que no podía desaparecer a causa de los latifundistas, el
mercado o la represión. (Mires: 1998) Este dato da cuenta del profundo
abigarramiento de la sociedad. La comunidad, si bien distorsionada, explotada y
violentada, continúa existiendo mientras el capitalismo, si bien dominante a
nivel macro, presenta serias dificultades para imponerse plenamente en la
economía y en el plano de las relaciones sociales.
También
encontramos en esto un paralelismo con lo señalado por Mariátegui en relación a
la realidad peruana de que allí la comunidad nativa continúa existiendo.
En
relación a esto, se observa cómo los patrones andinos persisten en el plano de
la cultura y, por ende, en el plano de la producción y las relaciones sociales.
Esto hace que persista una lógica de subsistencia en las comunidades con una
visión comunitaria y de reciprocidad distinta a una matriz de pensamiento
individualista y comercial, característica de la lógica capitalista.
Metiéndonos
más ahora en el plano político, podemos decir que las relaciones de
reciprocidad y redistribución sobre las cuales se estructuraban las comunidades
encontraban continuidad en el vínculo que establecían las familias campesinas
con el hacendado. Dicho lazo, a pesar de ser fuertemente asimétrico y desigual,
implicaba compromisos para ambas partes. El hacendado tenía obligaciones con el
campesinado: el usufructo del pegujal y los pastizales, el auxilio en tiempos
de malas cosechas, el respeto por la familia y los hijos e hijas del campesino.
Si el hacendado excedía estos límites no escritos pero existentes se producía
la rebelión de las comunidades. De esta forma, a su manera, éstas lograban sus
objetivos, ya que una vez terminada la represión el hacendado, para retomar la
explotación, debía recomponer el vínculo con los campesinos, haciendo nuevas
concesiones para que estos se reinstalaran en sus terrenos. (Hernández: 2013). Aquí
se observa que no solo en el plano de la economía, sino también en el de la
cultura, rige otra manera de relacionarse, la cual no es propia de la lógica
capitalista. A su vez, esta relación no involucra a un mismo actor social sino
a clases antagónicas en relación a la posesión de los medios de producción.
Este trato no se da a través de la fría legalidad del Estado burgués, liberal y
capitalista sino por medio de las costumbres, lo consuetudinario, lo no
escrito, la reciprocidad y la contraprestación no institucionalizada. Esto
ilustra la multiplicidad de relaciones sociales de las que da cuenta el
concepto de formación social abigarrada. A su vez, se observa cómo el Estado no
llega con sus instrumentos legales y jurídicos para regular más de cerca
ciertas relaciones sociales entre clases antagónicas. Para el campesinado
existe casi exclusivamente el contacto con el hacendado o lo referente a él. El
Estado está ausente en el sentido de que no incorpora ni integra a ciertos
sectores sociales. Esto hace que el mismo no pueda legitimarse con respecto a
las poblaciones que se encuentran en su territorio al regular o mediatizar más
de cerca las relaciones entre los habitantes, otorgando ciertas concesiones,
fijando normas y leyes, regulando las relaciones sociales, etc. A su vez, la
estructura estatal desempeña con nula eficacia el papel mentiroso de
presentarse como un ente mediador entre las clases, como un poder imparcial y
neutral por encima de las clases. Como bien lo explica el concepto de formación
social abigarrada, es un estado aparente, una unidad política aparente en las
alturas que no tiene una base social amplia y real que lo sustente, lo
reconozca y lo legitime. El Estado parece relacionarse con las comunidades o el
campesinado solo para reprimir a estos sectores y no puede construir hegemonía
tras de sí. Hernández señala que el sistema hacendal dependía para subsistir de
la represión del ejército. Cuando este actor dejó de existir con la Revolución,
el proceso de lucha en el campo tendía a radicalizase aun más con ocupaciones
de haciendas y ataques a propietarios y mayordomos. (Hernández: 2013)
Esto
ilustra la falta de organicidad, la falta de institucionalización de las
relaciones políticas en un sistema que se basa casi enteramente en la
represión. Al ampararse solo en la coerción, el Estado y las clases dominantes
no apelan a construir consenso hacia abajo en relación a las clases oprimidas. Esto
hace que el Estado no pueda pretender ser aquel que represente a todos los
sectores sociales.
Esta
falta de hegemonía y representatividad en lo concerniente al Estado y sus
mecanismos se evidencia también en la cuestión de la pluralidad y coexistencia
de diversas autoridades y liderazgos. En los distintos movimientos campesinos
de Bolivia se encuentran siempre dos actores: el sindicato y el líder. El
sindicato no era aquel propio del movimiento obrero de una sociedad
industrializada y urbanizada. Era más que nada el traspaso terminológico de las
experiencias del movimiento obrero al movimiento campesino. El sindicato era
una denominación para dar cuenta de las distintas unidades organizativas
agrarias. A diferencia del sindicato tradicional, los campesinos tenían como
base de acción una hacienda, una aldea, una provincia o una región. Para muchos
campesinos, la palabra “sindicato” significaba una traducción al español de la
comunidad agraria originaria y, por este motivo, el dirigente era obedecido por
los indígenas como un cacique. Además, una vez elegido, ejercía una gran
autoridad. Resolvía conflictos internos, aun familiares; intervenía en
cuestiones de conflictividad sobre los derechos al usufructo del suelo y a
veces, incluso, quitaba la tierra a los campesinos que no se dedicaban a
cultivar sus parcelas. A veces se lo conocía como el general o “don general”.
En ciertas ocasiones, el líder generaba un sindicato pero, en otras, el
sindicato generaba un líder. Si el Estado necesitaba el apoyo de un sindicato,
debía entenderse con el líder quien, de aceptar, pasaba a ser una especie de
intermediario entre el sindicato y el Estado. Dicho todo lo anterior, es
necesario agregar que la constitución de sindicatos era algo bastante informal
y dependía del grado de organización, combatividad y conciencia del
campesinado. (Mires: 1988) Con esto, se observa la falta de articulación de la
dimensión política ya que coexisten diversas formas políticas. En forma
abigarrada, el Estado se había erigido por encima de formas o mecanismos
políticos que no forman parte de sus estructuras o instituciones, o sea, se
había conformado con un alto grado de exterioridad en relación a las
poblaciones a las que pretende representar.
Volveremos
a retomar esta cuestión del sindicato y el líder en el periodo posterior a la
Revolución.
Es
por estas razones quizá el motivo por el cual el gobierno de Villarroel intentaba
ya integrar la sociedad al Estado/gobierno procurando una relación más cercana entre
ambos. En esta etapa se aprobaron numerosas leyes sociales y se promovió la
organización de los sectores populares. En 1945 se realizó el Congreso Nacional
Indigenista, en cuyo transcurso Villarroel firmó los decretos aboliendo el
pongueaje, el mitanaje y todos los servicios de trabajo gratuitos prestados en
las haciendas. (Hernández: 2013) Dicho Congreso fue el primer intento
gubernamental por establecer contactos con las unidades sindicales campesinas y
sus líderes. (Mires: 1988) Nótese la importancia de este dato: en un país
mayoritariamente indígena, el primer intento del gobierno para relacionarse con
los pueblos originarios se da recién mucho tiempo después de formado el
supuesto Estado pretendidamente nacional, republicano, representativo,
democrático, etc.
Todo
lo anterior da cuenta de las serias dificultades que presenta la estructura
estatal en términos de organicidad. El Estado es una unidad formal pero no
plenamente real, una unidad política incompleta a nivel político-estatal.
Después de la revolución…
El
abigarramiento de la sociedad boliviana se manifiesta también en distintas
cuestiones, como por ejemplo: los hechos que transcurrieron después de la
revolución, la problemática campesina y la cuestión de la reforma agraria, y la
relación entre el MNR por un lado, y el campesinado y sus líderes políticos y
sindicales por el otro. A su vez, veremos qué relación hay entre las tesis de
Mariátegui sobre la cuestión agraria y del indio y las políticas del MNR sobre
dicha problemática en el contexto posterior a la revolución.
El
MNR había establecido relaciones con los pobres de las ciudades desde la
sublevación de 1949, pero con los campesinos, en cambio, solo se dieron
relaciones más intensas después de 1952. Dichos contactos fueron tensos y
llenos de incomprensiones que radicaban en el aspecto cultural. El MNR
necesitaba eliminar al sector latifundista, lo que no podía realizarse sin la
ayuda de las masas campesinas. Pero éstas luchaban por intereses distintos y
propios que los miembros del partido gobernante apenas podían captar. No
debemos olvidar que la revolución fue, entre otros factores de igual
importancia, el resultado de la contradicción entre las elites urbanas
representadas por el MNR y la oligarquía agraria tradicional. Fue más el odio
hacia los hacendados que el amor hacia los campesinos lo que determinó que el
MNR decretara la expropiación y repartición de la tierra. En este sentido, a
pesar de las diferencias internas, el MNR se concebía como depositario de la
idea de progreso, el cual sería el resultado del desarrollo industrial que,
desde su mirada, estaba bloqueado por la existencia de una oligarquía atrasada
y “feudal”. En relación a esto, en el MNR prevalecían concepciones modernistas,
urbanas e industrialistas. (Mires: 1988)
Nótese
el abigarramiento de la sociedad en la desarticulación entre las distintas
clases o sectores sociales que tiene que ver con la desarticulación que ocurre
en el plano de la economía. A su vez el MNR pudo establecer relaciones más
fluidas con el campesinado después de la revolución, o sea una vez tomadas las
riendas del Estado/gobierno y una vez perdida la hegemonía política el sector
latifundista. Aun así, el abigarramiento persiste debido a las incomprensiones
en la relación MNR-campesinado que radicaban en el aspecto cultural, lo cual
ocasionaba tensiones y falta de entendimiento. Mientras que en el partido
nacionalista existían lógicas capitalistas, las comunidades y el campesinado
mantenían su particularidad cultural.
Lo
dicho anteriormente también se evidencia si observamos el plano de las
relaciones políticas. Después de la revolución, al prever que se aproximaban
buenas condiciones para las movilizaciones campesinas, el importante líder
sindical campesino, José Rojas, desarrolló una intensa actividad en vastos
territorios alentando al campesinado a formar sindicatos. Insistía siempre en
la necesidad de mantener la independencia de los campesinos en pos de
sindicatos autónomos. De esta forma, los sindicatos dirigidos por Rojas
obligaban al Estado a apoyar las expropiaciones que realizaba el campesinado
armado. En este sentido, los campesinos consideraban las reparticiones de tierra
como conquistas propias y no como regalos del MNR. Además, hasta la revolución,
los sindicatos fueron un instrumento eficaz de lucha, pero durante los primeros
años, se convirtieron también en una especie de poder local a los cuales les
correspondían hasta funciones de policía y legislación. (Mires: 1988) Incluso
esto podemos relacionarlo con algo muy preciso que señala Mires, lo cual a su
vez podemos asociarlo con el concepto de formación social abigarrada. Esto es
que en Bolivia, según el autor, en referencia al campesinado y al proceso
revolucionario, existió una revolución dentro de una revolución. (Mires: 1988)
Esto
ilustra que incluso después de la revolución, la pluralidad y la coexistencia
de autoridades continúan existiendo. En los primeros años del triunfo del
proceso revolucionario, así como lo fue con el proletariado y las
organizaciones mineras, los contactos y las relaciones que el MNR desarrolló
con el campesinado y sus líderes y organizaciones fueron difíciles. Aun así
existieron hechos que demuestran el esfuerzo del MNR por acercar el
Estado/gobierno a la sociedad para que
la estructura estatal obtenga una mayor hegemonía y legitimidad. Por ejemplo, desde
1953 Rojas establecería una relación más orgánica con el MNR y conseguiría la
legalización de las expropiaciones. (Mires: 1988) A su vez, el gobierno
revolucionario estableció el voto universal y puso fin al régimen de voto
calificado, que había dejado al margen del proceso electoral a los analfabetos.
De esta manera se integraron decenas de miles de indígenas que hasta entonces
habían estado excluidos de la ciudadanía política. (Hernández: 2013)
Veamos
ahora la cuestión de la reforma agraria. En este sentido, y en relación a los
planteos de Mariátegui, veremos que la revolución asumió la cuestión del indio y
el problema agrario como un problema económico y social. La revolución no se
contentó solo con incluir a los originarios al proceso electoral y al sistema
político, sino que les reivindicó el derecho a la tierra. Frente a la creciente
agitación agraria, después de 1952, el MNR elaboró una comisión para dar forma
al proyecto de ley de reforma agraria. La propuesta no consideraba latifundio a
determinada propiedad rural por ser de gran extensión. La ley establecía que no
se consideraba latifundio a aquellas propiedades trabajadas con máquinas y
métodos modernos, las que estaban dirigidas personalmente por su propietario y
aquellas en que se hubiese invertido capital suplementario. Las grandes
extensiones donde se combinara el colonato con el trabajo asalariado y donde
los propietarios hicieran inversiones o utilizaran métodos modernos de
explotación se consideraron tierras inafectables. La ley derogó el colonato y
toda forma de trabajos gratuitos o compensatorios por el uso o usufructo de la
tierra, y dispuso que los colonos quedaban convertidos en propietarios de las
parcelas que ocupaban al momento de la sanción de la medida. Se definieron
formas de propiedad aceptadas por el Estado y se reconocieron distintos tipos
de organización campesina, entre los cuales se encontraban las comunidades y
los sindicatos. Ambas instituciones se encontraban en igualdad en términos legales
pero mientras los sindicatos podían intervenir en la ejecución de la reforma
agraria y afiliarse a organismos regionales o centrales, las comunidades no
tenían facultades para nada de esto. No se otorgó nuevas tierras a las
comunidades ni se les restituyó aquellas que fueron usurpadas por las
haciendas. En cambio, los sindicatos jugaron un papel importante en la
redistribución de tierras y en la reorganización de la producción. No se
propuso impulsar la organización de formas comunitarias o de tipo cooperativas
en relación a la explotación de la tierra. (Hernández: 2013) Sobre este último
aspecto es necesario recalcar que el MNR elaboró una salida propia de aquella
tesis liberal de la cual hablaba Mariátegui. La solución a la cuestión agraria
y del indio fue el fraccionamiento del latifundio, anclada en esa fórmula
ortodoxa, constitucional, burguesa y capitalista, la cual era señalada por el
pensador peruano. La lógica del partido nacionalista era muy distinta de la
perspectiva mariateguiana, la cual daba cuenta de la supervivencia de la
comunidad y de elementos de socialismo práctico en la agricultura y la vida
indígenas. En este sentido, no había intención de pensar y, por ende, mucho
menos de organizar y fomentar lo comunitario y lo colectivo como otra posible
forma o manera de organizar la producción y la vida para el bien común.
Si
bien la gran propiedad no desapareció debido a la intención del MNR de generar
relaciones de tipo capitalista en el campo de la mano de cierto tipo de explotaciones
que servirían para dicho objetivo, la reforma agraria fue una reforma
parcelaria que creó una extensa clase de pequeños propietarios campesinos a
nivel nacional. (Hernández: 2013)
En
el accionar del MNR se ve cómo hay un intento de fomentar relaciones
capitalistas en el campo y de integrar al Estado/gobierno a los diferentes
actores sociales. Pero, asimismo, persiste una multiplicidad de situaciones y
actores sociales que son característicos en la formación social abigarrada.
Subsiste una diversidad social y cultural muy amplia y heterogénea. Es por esto
la necesidad de que Bolivia, de forma acertada, se autoreconozca y autoperciba hoy
en día como un Estado plurinacional y multiétnico.
Conclusión
En
síntesis, el concepto de formación social abigarrada es altamente complejo,
pero necesario para dar cuenta de una sociedad y un contexto igualmente
complejos. Justamente para abordar esta situación, se necesitaba pensar la
realidad con otras miradas y perspectivas e innovar en el análisis, acción
realizada por Zabaleta Mercado. Lo mismo señalado para este autor corresponde
para el caso de Mariátegui.
En
este sentido, es inevitable que surjan nuevas herramientas analíticas para
abordar una sociedad que presenta una complejidad específica y una singularidad
particular, la cual no puede ser analizada correctamente, quedándonos en las
perspectivas tradicionales; mas allá de que estas hayan sido o sean correctas
para dar cuenta de determinadas situaciones del mundo social en distintos
contextos temporales y espaciales. Es necesario que se tomen las ricas
herramientas del marxismo y, sin tergiversarlo o descomponerlo, se lo
complemente con otras perspectivas.
A
su vez, estas perspectivas de análisis no solo son importantes para hacer un
correcto análisis de la situación, para una interpretación del mundo social,
sino también para transformar la realidad y destruir al imperialismo y a todo
sistema de explotación y opresión. Sabemos cómo termino la Revolución
boliviana: primero existe la dificultad de construir una realidad o un sistema
más justo en un mundo dominado por el imperialismo. En este sentido, Estados
Unidos jugó un papel importante e inteligente para que el proceso
revolucionario no llegue a buen puerto y no se radicalice aun más. En segundo
lugar, es obvio que el MNR, por su naturaleza y su línea pequeñoburguesa y
nacionalista, no tenía intención de construir el socialismo para librarse
definitivamente de la opresión. Las clases dominantes no fueron totalmente
eliminadas; desde el MNR se traicionó, se dividió y se reprimió cada vez más al
proletariado; se reconstruyó el ejército como el garante del sistema de
opresión, se fomentó la división campesinado-proletariado. En tercer lugar, el
rol del proletariado y sus organizaciones y referentes no siempre fue el más
acertado. El proletariado no pudo construir hegemonía o una dirección política
sobre el campesinado ni explotar a su favor la contradicción existente en el
MNR entre un sector más obrerista, radical o popular y aquel más conservador y
pequeñoburgués. Muchas veces, el proletariado luchó solo por sus intereses y no
integró en su programa al sector campesino. Lo mismo ocurrió con el
campesinado, que muchas veces tuvo limitaciones al combatir solo por su sector
y sus demandas, e incluso no se solidarizó con el proletariado. Dicha acción
quedaría plasmada más adelante con el Pacto Militar-campesino.
Quizá
si en el contexto de la revolución se hubiera pensado la realidad de otra
manera y se hubieran tomado otro tipo de perspectivas que sirvieran de guía
para la acción (como Mariátegui por ejemplo), el proceso revolucionario podría
haber llegado a buen puerto. Aun así, reivindicamos el proceso revolucionario
como un ejemplo y una experiencia de lucha, el cual, más allá de sus resultados
sirve como portador de esperanza para la transformación de las sociedades, para
la liberación y la revolución.
En
este sentido, por todo lo dicho anteriormente, retomar a Mariátegui y a
Zavaleta nos enseñan a pensar a América desde América, a tomar lo necesario de
otras latitudes de forma crítica y reflexiva, y no de manera lineal, acrítica,
mecanicista, dogmática, etc. para interpretar la realidad de la forma más
acertada posible y así poder transformarla a fin de terminar con toda forma de
opresión y explotación.
Bibliografía
Hernández,
Juan. La revolución boliviana de 1952 en: Guevara, Gustavo (Coordinador); Sobre
las revoluciones latinoamericanas del siglo XX. Editorial Newen Mapu, Buenos
Aires, 2013.
Mariátegui,
José Carlos. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Editorial
Amauta, Lima, 1996 (1928).
Mires,
Fernando. La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América latina.
Siglo XXI, México, 1988.
Tapia,
Luis. La producción del conocimiento local. Historia y política en la obra de
René Zavaleta. Editorial Muela del diablo, La Paz, 2002.
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