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jueves, 29 de noviembre de 2018

BOLIVIA, MARIÁTEGUI Y EL CONCEPTO DE FORMACIÓN SOCIAL ABIGARRADA. LA CUESTIÓN DEL INDIO Y EL PROBLEMA AGRARIO EN EL CONTEXTO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA DE 1952, por Joaquín Nahuel Paredes


Como nuestro título lo indica el propósito del siguiente escrito es reflexionar acerca de la cuestión del indio y el problema agrario en el contexto de la Revolución Boliviana de 1952 vistas desde la perspectiva mariteguiana y el concepto de formación social abigarrada.

Para nuestro objetivo haremos una breve reconstrucción del proceso histórico en relación al periodo revolucionario como así también realizaremos una caracterización de la estructura socioeconómica y política de Bolivia en dicho contexto. A fin de dar cuenta de esto daremos una definición general del concepto de formación social abigarrada de Zabaleta Mercado sin ahondar en todas las cuestiones que se desprenden de esta rica y vasta herramienta analítica. Para dicho propósito recurriremos a la ayuda que nos proporciona Luis Tapia. A su vez abordaremos lo señalado por Mariátegui acerca de la problemática del indio, el campesinado y la tierra para dar cuenta de cómo esto puede servirnos para analizar también el contexto boliviano.

Comencemos por el concepto de “formación social abigarrada”. Zabaleta distingue entre dos tipos de temporalidad o de tiempo histórico: el tiempo histórico del modo de producción capitalista y el tiempo estacional de la agricultura. Este último cubre varios modos de producción, o sea, varios tipos de relaciones jurídicas de propiedad, incluso de división social entre las personas. En la sociedad boliviana persisten los patrones productivos tradicionales de las culturas andinas y la forma de organización al estilo del ayllu con su sistema local de autoridades. Debido a que las nuevas modalidades jurídicas de dominación, introducidas con la colonia y luego con la República, no han transformado lo anterior y que esto no ha sido substituido por otro tipo de tiempo histórico y de unidad política, o por otro tipo de autoridades, se tiene lo que Zabaleta denominó un estado aparente, un poder político jurídicamente soberano sobre un determinado territorio, pero que no tiene una relación orgánica con aquellas poblaciones sobre las que pretende gobernar. El estado aparente es cuando se tiene un poder político como un proceso dislocado o que se ha dado de una manera dislocada respecto de una buena parte de las poblaciones que existen dentro del territorio sobre el que la estructura estatal pretende dominar. En este sentido existen sistemas locales de autoridad que no forman parte de la estructura descendente y descentralizada del gobierno nacional, sino que es un sistema localmente articulado y trasmitido desde siglos. Este sistema persiste donde no ha ocurrido un cambio del tiempo histórico, donde no se ha llegado al tiempo histórico del modo de producción capitalista. En una sociedad como la boliviana, donde el capitalismo se ha desarrollado débilmente, hay una falta de articulación de los modos de producción y, sobre todo, de otras dimensiones de la vida social, principalmente la dimensión política. El tipo de unidad política que se pretende lograr a nivel de estado es aparente. (Tapia: 2002)

En una formación social abigarrada no solo coexisten varias relaciones sociales y jurídicas de producción, sino también una diversidad de formas políticas. Existe un estado político pretendidamente nacional pero, además, un conjunto de estructuras locales de autoridad (de diversa índole) que no son parte de la representación local del gobierno nacional, ya que no son designadas por éste, sino que son la forma endógena y más o menos ancestral de organización de la vida social. Es en este sentido que el estado nacional se haya configurado, con respecto a estas comunidades, con un alto grado de exterioridad y, por ende, de imposición. Esto conlleva a que la estructura estatal tenga un menor grado de validez, eficacia y legitimidad. En la medida que persisten los patrones andinos de producción agrícola, el capitalismo no se ha desarrollado en todo el territorio nacional. De esta forma, al existir todavía las comunidades que no se rigen por los principios propios del capitalismo, se tiene un estado aparente que tiene fuertes dificultados de legitimación y construcción de hegemonía ya que no se han producido los procesos económico sociales que posibilitan la validez real del estado. Dicha estructura estatal tiene serias complicaciones en términos de organicidad: se trata de una unidad formal y de una unidad política incompleta de la sociedad. Es una unidad que no puede ser completa a nivel político-estatal porque no se ha producido una unificación en el plano económico-social. La formación social abigarrada es un proceso de totalización incompleta o parcial, una totalización orgánica incompleta. (Tapia: 2002)

Antes de reconstruir el proceso histórico de la revolución boliviana para abordar la cuestión del abigarramiento de la sociedad, veamos la perspectiva mariateguiana en relación a la problemática agraria y la cuestión del indio.

En relación a la realidad peruana, Mariátegui opina que son equivocados los planteos humanitaristas y filantrópicos para abordar el problema del indio. Señala la tendencia del criollo a reducir la cuestión a un problema exclusivamente administrativo, pedagógico, ético o moral. En este sentido coloca en primer plano el carácter económico del asunto concibiéndolo como un problema económico-social. Mariátegui no se conforma con reivindicar el derecho del indio a la educación, a la cultura, al progreso, etc., sino que comienza por reivindicar su derecho a la tierra siendo esto una reivindicación sumamente materialista. (Mariátegui: 1996)

En Perú, según Mariátegui, la vieja clase terrateniente no ha perdido su predominio y no ha habido, en cien años de república, una verdadera clase burguesa, una verdadera clase capitalista. El desenvolvimiento de la pequeña propiedad no ocurrió perviviendo un régimen de latifundistas que conllevó a la supervivencia del latifundio. Aun más, la gran propiedad agraria se reforzó y engrandeció en el periodo republicano. El pensador peruano señala que las expresiones de feudalidad que persisten son el latifundio y la servidumbre. Es en este sentido que la cuestión agraria en Perú aparece como un problema esencialmente económico-social y, por lo tanto, como un problema político que no debe ser reducido a una mera cuestión técnica perteneciente a los agrónomos. (Mariátegui: 1996)

A su vez, Mariátegui señala el error de ver una solución en la tesis liberal, propia de la ideología individualista que propone el fraccionamiento de los latifundios para crear la pequeña propiedad siendo esto una formula ortodoxa, constitucional, burguesa y capitalista. Asimismo, más allá de sus posicionamientos ideológicos, señala otra razón para refutar este argumento, la cual consiste en un aspecto peculiar del problema agrario peruano: la supervivencia de la comunidad y de elementos de socialismo práctico en la agricultura y la vida indígenas. (Mariátegui: 1996)
Los aportes que una vez hiciera el gran pensador peruano para su país nos servirán para analizar también la realidad boliviana en relación con nuestra problemática. En este sentido Fernando Mires señala que en Bolivia se cumple la misma apreciación que Mariátegui hizo para el Perú de que en éste las clases sociales están racialmente constituidas. (Mires: 1988). De esto parte el autor para hacer una caracterización de la sociedad boliviana en el contexto revolucionario.

Antes de la revolución…

En el estrato más bajo de la sociedad se encontraban justamente los más genuinos representantes de la nación, los indios; los cuales representaban cómodamente más de la mitad de la población, según el censo de 1950. En la cúspide se hallaba un minoritario grupo conformado por los grandes mineros, los latifundistas y la abigarrada clase política. La economía giraba en torno a los enclaves mineros, mientras en el resto del país predominaba la estructura agraria heredada del periodo colonial. En el contexto revolucionario, el 72 % de la población económicamente activa se encontraba ocupada en el sector agrario, mientras solo el 27 % correspondía a la minería. La tierra estaba sumamente concentrada, ya que los latifundistas, que vivían en las ciudades disfrutando de sus rentas, constituían el 8 % de los dedicados a la explotación agrícola con el 95 % de la superficie total. Esta estructura agraria latifundista se basaba en distintos aspectos, como: la economía de trabajo basado en la prestación de servicios personales gratuitos, en las tierras o en la casa de hacienda (colonos, arrenderos, pongos, mitanios); la radicación tradicional de colonos en sayanas o pegujales, fraccionados en parcelas y localizados en los cinturones marginales de la hacienda (suelo explotado por el colono a través de peones o hutahuanas); el trabajo gratuito del colono o arrendero en la totalidad del año agrícola, durante cuatro o cinco días, y el aporte gratuito de jornalero, animales de trabajo y aperos de labranza durante la siembra y cosecha; el régimen estricto de contraprestaciones en especies de trabajo, pastoreo de las tierras eriales, recolección de pajas o leña, etc.; la relación exclusiva de la hacienda en la economía de mercado por medio de la comercialización agrícola y pecuaria; el hermetismo cultural y político, ya que durante la época republicana desaparecieron los métodos de fiscalización de la colonia; la autoridad patriarcal y centralizada en el hacendado o en su mayordomo o hilacatas. (Mires: 1988)

En estos aspectos se observa claramente el abigarramiento de esta sociedad. Existe una diversidad de relaciones sociales que es una de las características de la formación social abigarrada. La cuestión de los servicios gratuitos, las contraprestaciones, el paternalismo ilustran que no hay un mercado plenamente desarrollado de mano de obra libre que posibilite las relaciones de tipo asalariado, característica básica de las relaciones capitalistas. Como hemos señalado anteriormente, los campesinos estaban sometidos al pongaje o servicio de pongos, siendo su obligación concurrir periódicamente a la casa del hacendado para desempeñar servicios domésticos en forma gratuita. Los pongos también se encargaban del servicio de correos o del transporte de mercancías, muebles y posesiones del patrón. (Hernández: 2013)

Esta servidumbre es una de las expresiones de feudalidad de las cuales Mariátegui daba cuenta en relación al Perú.

En estos aspectos se observa como una gran diversidad de actores está por fuera de la economía capitalista y por fuera de las relaciones asalariadas.

Como afirmaba Mariátegui para su país de que allí no ha habido una verdadera clase capitalista, una verdadera clase burguesa, esto también se cumple para Bolivia. Sin abordar la cuestión de los enclaves mineros, el desarrollo industrial boliviano en tiempos cercanos a la revolución era muy limitado: talleres metalúrgicos, curtidurías, fábricas de muebles y calzado, con escaso grado de concentración. (Hernández: 2013) A su vez una gran cantidad de tierra tanto en las grandes propiedades como en las más chicas permanecía sin explotar.

Si bien lo dicho anteriormente es el esquema general de la estructura agraria, existía una multiplicidad de variaciones regionales que da cuenta de diversas modalidades de producción y de múltiples actores sociales. Por ejemplo en los llanos del Oriente, relativamente aislados del resto del país, las relaciones de propiedad eran igualmente complejas debido a que aquí se agrega la propiedad latifundista ganadera. El latifundista era la figura central y, a veces, también un caudillo político. En esta región predominaba el latifundio ganadero con relaciones asalariadas pero muy paternalistas. (Hernández: 2013) Volveremos enseguida sobre esta cuestión del paternalismo y sobre el plano de relaciones políticas en relación a la idea de abigarramiento.

A pesar de las variaciones en la estructura agraria y social, se encuentra siempre que la comunidad indígena fue dañada, reducida e incorporada al mercado capitalista, incluyéndola como un pequeño satélite alrededor de las grandes haciendas. La comunidad continuaba existiendo debido a que persistía la relación de comunidades con la idea del ayllu. Al seguir con vida esta idea, los pueblos nativos continuaban existiendo como tales, permaneciendo asimismo una relación de comunidad que no podía desaparecer a causa de los latifundistas, el mercado o la represión. (Mires: 1998) Este dato da cuenta del profundo abigarramiento de la sociedad. La comunidad, si bien distorsionada, explotada y violentada, continúa existiendo mientras el capitalismo, si bien dominante a nivel macro, presenta serias dificultades para imponerse plenamente en la economía y en el plano de las relaciones sociales.
También encontramos en esto un paralelismo con lo señalado por Mariátegui en relación a la realidad peruana de que allí la comunidad nativa continúa existiendo.

En relación a esto, se observa cómo los patrones andinos persisten en el plano de la cultura y, por ende, en el plano de la producción y las relaciones sociales. Esto hace que persista una lógica de subsistencia en las comunidades con una visión comunitaria y de reciprocidad distinta a una matriz de pensamiento individualista y comercial, característica de la lógica capitalista.

Metiéndonos más ahora en el plano político, podemos decir que las relaciones de reciprocidad y redistribución sobre las cuales se estructuraban las comunidades encontraban continuidad en el vínculo que establecían las familias campesinas con el hacendado. Dicho lazo, a pesar de ser fuertemente asimétrico y desigual, implicaba compromisos para ambas partes. El hacendado tenía obligaciones con el campesinado: el usufructo del pegujal y los pastizales, el auxilio en tiempos de malas cosechas, el respeto por la familia y los hijos e hijas del campesino. Si el hacendado excedía estos límites no escritos pero existentes se producía la rebelión de las comunidades. De esta forma, a su manera, éstas lograban sus objetivos, ya que una vez terminada la represión el hacendado, para retomar la explotación, debía recomponer el vínculo con los campesinos, haciendo nuevas concesiones para que estos se reinstalaran en sus terrenos. (Hernández: 2013). Aquí se observa que no solo en el plano de la economía, sino también en el de la cultura, rige otra manera de relacionarse, la cual no es propia de la lógica capitalista. A su vez, esta relación no involucra a un mismo actor social sino a clases antagónicas en relación a la posesión de los medios de producción. Este trato no se da a través de la fría legalidad del Estado burgués, liberal y capitalista sino por medio de las costumbres, lo consuetudinario, lo no escrito, la reciprocidad y la contraprestación no institucionalizada. Esto ilustra la multiplicidad de relaciones sociales de las que da cuenta el concepto de formación social abigarrada. A su vez, se observa cómo el Estado no llega con sus instrumentos legales y jurídicos para regular más de cerca ciertas relaciones sociales entre clases antagónicas. Para el campesinado existe casi exclusivamente el contacto con el hacendado o lo referente a él. El Estado está ausente en el sentido de que no incorpora ni integra a ciertos sectores sociales. Esto hace que el mismo no pueda legitimarse con respecto a las poblaciones que se encuentran en su territorio al regular o mediatizar más de cerca las relaciones entre los habitantes, otorgando ciertas concesiones, fijando normas y leyes, regulando las relaciones sociales, etc. A su vez, la estructura estatal desempeña con nula eficacia el papel mentiroso de presentarse como un ente mediador entre las clases, como un poder imparcial y neutral por encima de las clases. Como bien lo explica el concepto de formación social abigarrada, es un estado aparente, una unidad política aparente en las alturas que no tiene una base social amplia y real que lo sustente, lo reconozca y lo legitime. El Estado parece relacionarse con las comunidades o el campesinado solo para reprimir a estos sectores y no puede construir hegemonía tras de sí. Hernández señala que el sistema hacendal dependía para subsistir de la represión del ejército. Cuando este actor dejó de existir con la Revolución, el proceso de lucha en el campo tendía a radicalizase aun más con ocupaciones de haciendas y ataques a propietarios y mayordomos. (Hernández: 2013)

Esto ilustra la falta de organicidad, la falta de institucionalización de las relaciones políticas en un sistema que se basa casi enteramente en la represión. Al ampararse solo en la coerción, el Estado y las clases dominantes no apelan a construir consenso hacia abajo en relación a las clases oprimidas. Esto hace que el Estado no pueda pretender ser aquel que represente a todos los sectores sociales.

Esta falta de hegemonía y representatividad en lo concerniente al Estado y sus mecanismos se evidencia también en la cuestión de la pluralidad y coexistencia de diversas autoridades y liderazgos. En los distintos movimientos campesinos de Bolivia se encuentran siempre dos actores: el sindicato y el líder. El sindicato no era aquel propio del movimiento obrero de una sociedad industrializada y urbanizada. Era más que nada el traspaso terminológico de las experiencias del movimiento obrero al movimiento campesino. El sindicato era una denominación para dar cuenta de las distintas unidades organizativas agrarias. A diferencia del sindicato tradicional, los campesinos tenían como base de acción una hacienda, una aldea, una provincia o una región. Para muchos campesinos, la palabra “sindicato” significaba una traducción al español de la comunidad agraria originaria y, por este motivo, el dirigente era obedecido por los indígenas como un cacique. Además, una vez elegido, ejercía una gran autoridad. Resolvía conflictos internos, aun familiares; intervenía en cuestiones de conflictividad sobre los derechos al usufructo del suelo y a veces, incluso, quitaba la tierra a los campesinos que no se dedicaban a cultivar sus parcelas. A veces se lo conocía como el general o “don general”. En ciertas ocasiones, el líder generaba un sindicato pero, en otras, el sindicato generaba un líder. Si el Estado necesitaba el apoyo de un sindicato, debía entenderse con el líder quien, de aceptar, pasaba a ser una especie de intermediario entre el sindicato y el Estado. Dicho todo lo anterior, es necesario agregar que la constitución de sindicatos era algo bastante informal y dependía del grado de organización, combatividad y conciencia del campesinado. (Mires: 1988) Con esto, se observa la falta de articulación de la dimensión política ya que coexisten diversas formas políticas. En forma abigarrada, el Estado se había erigido por encima de formas o mecanismos políticos que no forman parte de sus estructuras o instituciones, o sea, se había conformado con un alto grado de exterioridad en relación a las poblaciones a las que pretende representar.

Volveremos a retomar esta cuestión del sindicato y el líder en el periodo posterior a la Revolución.

Es por estas razones quizá el motivo por el cual el gobierno de Villarroel intentaba ya integrar la sociedad al Estado/gobierno procurando una relación más cercana entre ambos. En esta etapa se aprobaron numerosas leyes sociales y se promovió la organización de los sectores populares. En 1945 se realizó el Congreso Nacional Indigenista, en cuyo transcurso Villarroel firmó los decretos aboliendo el pongueaje, el mitanaje y todos los servicios de trabajo gratuitos prestados en las haciendas. (Hernández: 2013) Dicho Congreso fue el primer intento gubernamental por establecer contactos con las unidades sindicales campesinas y sus líderes. (Mires: 1988) Nótese la importancia de este dato: en un país mayoritariamente indígena, el primer intento del gobierno para relacionarse con los pueblos originarios se da recién mucho tiempo después de formado el supuesto Estado pretendidamente nacional, republicano, representativo, democrático, etc.

Todo lo anterior da cuenta de las serias dificultades que presenta la estructura estatal en términos de organicidad. El Estado es una unidad formal pero no plenamente real, una unidad política incompleta a nivel político-estatal.

Después de la revolución…

El abigarramiento de la sociedad boliviana se manifiesta también en distintas cuestiones, como por ejemplo: los hechos que transcurrieron después de la revolución, la problemática campesina y la cuestión de la reforma agraria, y la relación entre el MNR por un lado, y el campesinado y sus líderes políticos y sindicales por el otro. A su vez, veremos qué relación hay entre las tesis de Mariátegui sobre la cuestión agraria y del indio y las políticas del MNR sobre dicha problemática en el contexto posterior a la revolución.

El MNR había establecido relaciones con los pobres de las ciudades desde la sublevación de 1949, pero con los campesinos, en cambio, solo se dieron relaciones más intensas después de 1952. Dichos contactos fueron tensos y llenos de incomprensiones que radicaban en el aspecto cultural. El MNR necesitaba eliminar al sector latifundista, lo que no podía realizarse sin la ayuda de las masas campesinas. Pero éstas luchaban por intereses distintos y propios que los miembros del partido gobernante apenas podían captar. No debemos olvidar que la revolución fue, entre otros factores de igual importancia, el resultado de la contradicción entre las elites urbanas representadas por el MNR y la oligarquía agraria tradicional. Fue más el odio hacia los hacendados que el amor hacia los campesinos lo que determinó que el MNR decretara la expropiación y repartición de la tierra. En este sentido, a pesar de las diferencias internas, el MNR se concebía como depositario de la idea de progreso, el cual sería el resultado del desarrollo industrial que, desde su mirada, estaba bloqueado por la existencia de una oligarquía atrasada y “feudal”. En relación a esto, en el MNR prevalecían concepciones modernistas, urbanas e industrialistas. (Mires: 1988)

Nótese el abigarramiento de la sociedad en la desarticulación entre las distintas clases o sectores sociales que tiene que ver con la desarticulación que ocurre en el plano de la economía. A su vez el MNR pudo establecer relaciones más fluidas con el campesinado después de la revolución, o sea una vez tomadas las riendas del Estado/gobierno y una vez perdida la hegemonía política el sector latifundista. Aun así, el abigarramiento persiste debido a las incomprensiones en la relación MNR-campesinado que radicaban en el aspecto cultural, lo cual ocasionaba tensiones y falta de entendimiento. Mientras que en el partido nacionalista existían lógicas capitalistas, las comunidades y el campesinado mantenían su particularidad cultural.

Lo dicho anteriormente también se evidencia si observamos el plano de las relaciones políticas. Después de la revolución, al prever que se aproximaban buenas condiciones para las movilizaciones campesinas, el importante líder sindical campesino, José Rojas, desarrolló una intensa actividad en vastos territorios alentando al campesinado a formar sindicatos. Insistía siempre en la necesidad de mantener la independencia de los campesinos en pos de sindicatos autónomos. De esta forma, los sindicatos dirigidos por Rojas obligaban al Estado a apoyar las expropiaciones que realizaba el campesinado armado. En este sentido, los campesinos consideraban las reparticiones de tierra como conquistas propias y no como regalos del MNR. Además, hasta la revolución, los sindicatos fueron un instrumento eficaz de lucha, pero durante los primeros años, se convirtieron también en una especie de poder local a los cuales les correspondían hasta funciones de policía y legislación. (Mires: 1988) Incluso esto podemos relacionarlo con algo muy preciso que señala Mires, lo cual a su vez podemos asociarlo con el concepto de formación social abigarrada. Esto es que en Bolivia, según el autor, en referencia al campesinado y al proceso revolucionario, existió una revolución dentro de una revolución. (Mires: 1988)

Esto ilustra que incluso después de la revolución, la pluralidad y la coexistencia de autoridades continúan existiendo. En los primeros años del triunfo del proceso revolucionario, así como lo fue con el proletariado y las organizaciones mineras, los contactos y las relaciones que el MNR desarrolló con el campesinado y sus líderes y organizaciones fueron difíciles. Aun así existieron hechos que demuestran el esfuerzo del MNR por acercar el Estado/gobierno a la sociedad para  que la estructura estatal obtenga una mayor hegemonía y legitimidad. Por ejemplo, desde 1953 Rojas establecería una relación más orgánica con el MNR y conseguiría la legalización de las expropiaciones. (Mires: 1988) A su vez, el gobierno revolucionario estableció el voto universal y puso fin al régimen de voto calificado, que había dejado al margen del proceso electoral a los analfabetos. De esta manera se integraron decenas de miles de indígenas que hasta entonces habían estado excluidos de la ciudadanía política. (Hernández: 2013)

Veamos ahora la cuestión de la reforma agraria. En este sentido, y en relación a los planteos de Mariátegui, veremos que la revolución asumió la cuestión del indio y el problema agrario como un problema económico y social. La revolución no se contentó solo con incluir a los originarios al proceso electoral y al sistema político, sino que les reivindicó el derecho a la tierra. Frente a la creciente agitación agraria, después de 1952, el MNR elaboró una comisión para dar forma al proyecto de ley de reforma agraria. La propuesta no consideraba latifundio a determinada propiedad rural por ser de gran extensión. La ley establecía que no se consideraba latifundio a aquellas propiedades trabajadas con máquinas y métodos modernos, las que estaban dirigidas personalmente por su propietario y aquellas en que se hubiese invertido capital suplementario. Las grandes extensiones donde se combinara el colonato con el trabajo asalariado y donde los propietarios hicieran inversiones o utilizaran métodos modernos de explotación se consideraron tierras inafectables. La ley derogó el colonato y toda forma de trabajos gratuitos o compensatorios por el uso o usufructo de la tierra, y dispuso que los colonos quedaban convertidos en propietarios de las parcelas que ocupaban al momento de la sanción de la medida. Se definieron formas de propiedad aceptadas por el Estado y se reconocieron distintos tipos de organización campesina, entre los cuales se encontraban las comunidades y los sindicatos. Ambas instituciones se encontraban en igualdad en términos legales pero mientras los sindicatos podían intervenir en la ejecución de la reforma agraria y afiliarse a organismos regionales o centrales, las comunidades no tenían facultades para nada de esto. No se otorgó nuevas tierras a las comunidades ni se les restituyó aquellas que fueron usurpadas por las haciendas. En cambio, los sindicatos jugaron un papel importante en la redistribución de tierras y en la reorganización de la producción. No se propuso impulsar la organización de formas comunitarias o de tipo cooperativas en relación a la explotación de la tierra. (Hernández: 2013) Sobre este último aspecto es necesario recalcar que el MNR elaboró una salida propia de aquella tesis liberal de la cual hablaba Mariátegui. La solución a la cuestión agraria y del indio fue el fraccionamiento del latifundio, anclada en esa fórmula ortodoxa, constitucional, burguesa y capitalista, la cual era señalada por el pensador peruano. La lógica del partido nacionalista era muy distinta de la perspectiva mariateguiana, la cual daba cuenta de la supervivencia de la comunidad y de elementos de socialismo práctico en la agricultura y la vida indígenas. En este sentido, no había intención de pensar y, por ende, mucho menos de organizar y fomentar lo comunitario y lo colectivo como otra posible forma o manera de organizar la producción y la vida para el bien común.

Si bien la gran propiedad no desapareció debido a la intención del MNR de generar relaciones de tipo capitalista en el campo de la mano de cierto tipo de explotaciones que servirían para dicho objetivo, la reforma agraria fue una reforma parcelaria que creó una extensa clase de pequeños propietarios campesinos a nivel nacional. (Hernández: 2013)

En el accionar del MNR se ve cómo hay un intento de fomentar relaciones capitalistas en el campo y de integrar al Estado/gobierno a los diferentes actores sociales. Pero, asimismo, persiste una multiplicidad de situaciones y actores sociales que son característicos en la formación social abigarrada. Subsiste una diversidad social y cultural muy amplia y heterogénea. Es por esto la necesidad de que Bolivia, de forma acertada, se autoreconozca y autoperciba hoy en día como un Estado plurinacional y multiétnico.

Conclusión

En síntesis, el concepto de formación social abigarrada es altamente complejo, pero necesario para dar cuenta de una sociedad y un contexto igualmente complejos. Justamente para abordar esta situación, se necesitaba pensar la realidad con otras miradas y perspectivas e innovar en el análisis, acción realizada por Zabaleta Mercado. Lo mismo señalado para este autor corresponde para el caso de Mariátegui.

En este sentido, es inevitable que surjan nuevas herramientas analíticas para abordar una sociedad que presenta una complejidad específica y una singularidad particular, la cual no puede ser analizada correctamente, quedándonos en las perspectivas tradicionales; mas allá de que estas hayan sido o sean correctas para dar cuenta de determinadas situaciones del mundo social en distintos contextos temporales y espaciales. Es necesario que se tomen las ricas herramientas del marxismo y, sin tergiversarlo o descomponerlo, se lo complemente con otras perspectivas.

A su vez, estas perspectivas de análisis no solo son importantes para hacer un correcto análisis de la situación, para una interpretación del mundo social, sino también para transformar la realidad y destruir al imperialismo y a todo sistema de explotación y opresión. Sabemos cómo termino la Revolución boliviana: primero existe la dificultad de construir una realidad o un sistema más justo en un mundo dominado por el imperialismo. En este sentido, Estados Unidos jugó un papel importante e inteligente para que el proceso revolucionario no llegue a buen puerto y no se radicalice aun más. En segundo lugar, es obvio que el MNR, por su naturaleza y su línea pequeñoburguesa y nacionalista, no tenía intención de construir el socialismo para librarse definitivamente de la opresión. Las clases dominantes no fueron totalmente eliminadas; desde el MNR se traicionó, se dividió y se reprimió cada vez más al proletariado; se reconstruyó el ejército como el garante del sistema de opresión, se fomentó la división campesinado-proletariado. En tercer lugar, el rol del proletariado y sus organizaciones y referentes no siempre fue el más acertado. El proletariado no pudo construir hegemonía o una dirección política sobre el campesinado ni explotar a su favor la contradicción existente en el MNR entre un sector más obrerista, radical o popular y aquel más conservador y pequeñoburgués. Muchas veces, el proletariado luchó solo por sus intereses y no integró en su programa al sector campesino. Lo mismo ocurrió con el campesinado, que muchas veces tuvo limitaciones al combatir solo por su sector y sus demandas, e incluso no se solidarizó con el proletariado. Dicha acción quedaría plasmada más adelante con el Pacto Militar-campesino.

Quizá si en el contexto de la revolución se hubiera pensado la realidad de otra manera y se hubieran tomado otro tipo de perspectivas que sirvieran de guía para la acción (como Mariátegui por ejemplo), el proceso revolucionario podría haber llegado a buen puerto. Aun así, reivindicamos el proceso revolucionario como un ejemplo y una experiencia de lucha, el cual, más allá de sus resultados sirve como portador de esperanza para la transformación de las sociedades, para la liberación y la revolución.

En este sentido, por todo lo dicho anteriormente, retomar a Mariátegui y a Zavaleta nos enseñan a pensar a América desde América, a tomar lo necesario de otras latitudes de forma crítica y reflexiva, y no de manera lineal, acrítica, mecanicista, dogmática, etc. para interpretar la realidad de la forma más acertada posible y así poder transformarla a fin de terminar con toda forma de opresión y explotación.

Bibliografía

Hernández, Juan. La revolución boliviana de 1952 en: Guevara, Gustavo (Coordinador); Sobre las revoluciones latinoamericanas del siglo XX. Editorial Newen Mapu, Buenos Aires, 2013.
Mariátegui, José Carlos. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Editorial Amauta, Lima, 1996 (1928).
Mires, Fernando. La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América latina. Siglo XXI, México, 1988.
Tapia, Luis. La producción del conocimiento local. Historia y política en la obra de René Zavaleta. Editorial Muela del diablo, La Paz, 2002.

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